¿Qué dice el artículo 24 CE?
El artículo 24 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Este artículo garantiza el derecho a la justicia, asegurando que todas las personas puedan acudir a los tribunales para resolver sus conflictos legales. Además, destaca la importancia de la tutela efectiva de los jueces y tribunales, lo que implica que las decisiones tomadas por ellos deben ser justas y equitativas.
El artículo 24 CE también señala que todo el proceso debe ser público, salvo en los casos en los que la ley establezca lo contrario, y que las partes tienen derecho a utilizar todos los medios de prueba legalmente admitidos, garantizando su derecho a la aportación de pruebas para defender sus argumentos.
Otro aspecto importante que se recoge en este artículo es el derecho a la presunción de inocencia. Esto implica que toda persona acusada de un delito se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario y se garantiza el derecho de defensa, tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral.
En resumen, el artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, asegurando que todas las personas puedan acceder a la justicia y obtener una resolución justa y equitativa de sus conflictos legales. Además, establece el derecho a un proceso público, el uso de medios de prueba y la presunción de inocencia.
¿Qué dice el artículo 25 de la Constitución Española?
El artículo 25 de la Constitución Española garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva, así como el principio de legalidad en procesos judiciales. Este artículo establece que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en ese momento".
Además, el artículo 25 asegura que "la pena no puede trascender de la persona condenada" y prohíbe expresamente las penas de trabajos forzados o la degradación civil. También establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social de los condenados.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, el artículo 25 garantiza que toda persona tiene el derecho a acceder a los tribunales competentes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. También establece que se debe garantizar un proceso público, sin dilaciones indebidas, con todas las garantías y que todo aquel que haya sido lesionado en sus derechos tiene derecho a obtener una respuesta judicial efectiva.
El artículo 25 también prohíbe la doble persecución penal por los mismos hechos y establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.
En resumen, el artículo 25 de la Constitución Española es un elemento fundamental para garantizar la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos en España. Establece los principios de legalidad en procesos judiciales, la prohibición de penas inhumanas o degradantes, el derecho a la tutela judicial efectiva y el garantiza el respeto al principio de no autoincriminación.
¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución Española?
El artículo 27 de la Constitución Española es un texto legal que establece los principios y derechos relacionados con la educación, la cultura y la ciencia en España.
En primer lugar, el artículo 27 reconoce el derecho a la educación, afirmando que todos tienen derecho a la educación que les permita desarrollar su personalidad y capacidad. Además, se establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria hasta determinada edad.
El artículo también protege la libertad de enseñanza, reconociendo el derecho de los padres para elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Además, se garantiza la libertad de creación de centros docentes en el ámbito de la ley.
Otro aspecto importante del artículo 27 es la promoción de la igualdad de oportunidades en la educación. Se establece que los poderes públicos deben garantizar la equidad en el acceso a las distintas etapas educativas. Además, se promoverá la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo.
El artículo también hace referencia a la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros docentes. Se reconoce el derecho de los padres, alumnos y profesores a intervenir en el control y dirección de los centros educativos.
Por último, el artículo 27 establece el deber de los poderes públicos de garantizar el derecho a la cultura, promoviendo y protegiendo el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, la ciencia y la investigación.
¿Qué dice el artículo 23 de la Constitución Española?
El Artículo 23 de la Constitución Española es uno de los pilares fundamentales que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos españoles.
En primer lugar, este artículo establece el derecho de participación política de los ciudadanos, reconociendo el derecho a votar y ser elegido en las elecciones. Además, también ampara el derecho a formar parte de los partidos políticos y a participar en ellos.
Otro aspecto destacado que se recoge en este artículo es el derecho a la libertad de expresión. Se garantiza la libertad de manifestar las propias ideas y opiniones, sin censura previa. Esto implica el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones a través de cualquier medio de comunicación.
Además, el Artículo 23 también reconoce el derecho de acceso a la función pública en igualdad de condiciones, basándose exclusivamente en los méritos y capacidades de cada individuo.
Otro punto relevante es el derecho a la sindicación. Los ciudadanos tienen la libertad de fundar sindicatos y afiliarse a ellos, así como a participar en las actividades sindicales y ejercer el derecho a la huelga, de acuerdo con la ley.
En conclusión, el Artículo 23 de la Constitución Española garantiza los derechos fundamentales relacionados con la participación política, la libertad de expresión, el acceso a la función pública y la sindicación. Es un artículo de gran importancia que salvaguarda los derechos y libertades de los ciudadanos españoles.
¿Qué dice el artículo 43.3 de la Constitución Española?
El artículo 43.3 de la Constitución Española establece que el Estado garantizará la protección social, económica y jurídica de la familia. Este artículo reconoce el papel fundamental de la familia en la sociedad y busca asegurar su bienestar y desarrollo.
La Constitución Española reconoce a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y afirma que el Estado tiene la responsabilidad de protegerla. El artículo 43.3 establece que el Estado debe promover medidas que faciliten el acceso a la vivienda, el empleo, la cultura y el ocio, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias.
Además, el artículo 43.3 también establece la obligación del Estado de proteger especialmente a los hijos, así como a las madres solteras y a los menores en situaciones de desamparo. Esto implica que el Estado debe adoptar medidas para prevenir y abordar cualquier forma de vulnerabilidad que afecte a la infancia y a las madres solteras.
En resumen, el artículo 43.3 de la Constitución Española garantiza la protección de la familia y establece la responsabilidad del Estado de promover su bienestar y desarrollo. Es uno de los pilares fundamentales en la legislación española que busca asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las familias y de sus miembros.
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