¿Qué dice el artículo 92 de la Constitución?

El artículo 92 de la Constitución establece el derecho a la participación ciudadana y el referéndum.

En primer lugar, el artículo 92 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tanto directamente como a través de sus representantes. Este derecho se ejerce a través del voto, las consultas populares y otras formas de participación ciudadana.

Además, el artículo 92 establece la posibilidad de convocar a referéndum en situaciones determinadas. El referéndum es una consulta popular en la que los ciudadanos pueden pronunciarse sobre una determinada cuestión de interés general. Para que el referéndum sea válido, se requiere la participación de al menos la mitad de los electores y que la opción mayoritaria obtenga al menos un tercio de los votos válidos.

Este artículo también establece que los resultados de un referéndum son vinculantes, es decir, deben ser acatados por los poderes públicos. Además, se regula la organización y el procedimiento para la convocatoria y realización de referéndums.

En resumen, el artículo 92 de la Constitución garantiza el derecho a la participación ciudadana y establece el marco legal para la realización de referéndums en España.

¿Qué dice el artículo 9.2 de la Constitución?

El artículo 9.2 de la Constitución establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En este sentido, los poderes públicos deben facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, garantizando la igualdad de oportunidades y contribuyendo a superar las desigualdades existentes.

Asimismo, el artículo 9.2 insta a los poderes públicos a promover la modernización de la sociedad española en su conjunto, fomentando el progreso científico y tecnológico para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Además, este artículo establece que los poderes públicos deben facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y promover la difusión de los valores constitucionales, así como garantizar la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España.

En conclusión, el artículo 9.2 de la Constitución es de gran importancia, ya que establece las bases para que los poderes públicos promuevan la igualdad, fomenten la participación ciudadana, impulsen el progreso científico y tecnológico, y faciliten el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio nacional.

¿Qué artículo de la Constitución española fue modificado en 1992?

El artículo de la Constitución Española que fue modificado en 1992 fue el **artículo 13**. Esta modificación se realizó con el objetivo de garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión y de información.

**La modificación del artículo 13** de la Constitución española fue realizada para adaptarla a los cambios y avances tecnológicos que se estaban produciendo en ese momento. En este sentido, se reconocieron y protegieron los derechos relacionados con la producción y difusión de información, así como el acceso a fuentes de información y a las tecnologías de la información y la comunicación.

**Esta modificación** del artículo 13 también estableció el principio de pluralismo como uno de los fundamentos de la democracia española, reconociendo la diversidad de opiniones y la importancia de la libre circulación de ideas en una sociedad democrática y plural.

En síntesis, **la modificación del artículo 13** de la Constitución española en 1992 fue un paso importante para adaptar la normativa a los avances en el ámbito de la comunicación y garantizar el respeto a la libertad de expresión y de información en España.

¿Qué dice el artículo 9.3 de la Constitución?

El artículo 9.3 de la Constitución es un texto fundamental que establece los principios generales del ordenamiento jurídico en España. Este artículo establece que la normativa debe garantizar la seguridad jurídica, la retroactividad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la responsabilidad de la Administración de indemnizar los daños causados por su funcionamiento.

En primer lugar, el artículo 9.3 establece que las normas deben ser claras y precisas para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones. Esto se conoce como el principio de seguridad jurídica, que es fundamental para garantizar un sistema de justicia equitativo y transparente.

Además, el artículo 9.3 establece que las disposiciones sancionadoras no pueden aplicarse de forma retroactiva si son desfavorables para el ciudadano. Esto significa que una ley o norma que entra en vigor después de que un acto sea realizado no puede ser utilizada para castigar o sancionar retroactivamente a esa persona.

Asimismo, el artículo 9.3 prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto significa que cualquier actuación de los órganos públicos debe estar basada en la ley y no puede ser realizada de forma arbitraria o sin fundamento legal. Esto garantiza que los ciudadanos sean tratados de forma justa y que sus derechos sean respetados.

Por último, el artículo 9.3 establece que la Administración tiene la responsabilidad de indemnizar los daños causados por su funcionamiento. Esto significa que si un ciudadano sufre pérdidas o daños debido a una actuación incorrecta o negligente de la Administración, tiene derecho a ser compensado por dichos daños.

En conclusión, el artículo 9.3 de la Constitución española establece importantes principios del ordenamiento jurídico, como la seguridad jurídica, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la responsabilidad de la Administración de indemnizar los daños. Estos principios son fundamentales para garantizar un sistema legal justo y equitativo.

¿Qué dice el artículo 99 de la Constitución española?

El artículo 99 de la Constitución española establece los procedimientos para la elección del presidente del gobierno. Es uno de los artículos más importantes, ya que determina cómo se elige al máximo representante del poder ejecutivo en España.

Según el artículo 99, una vez celebradas las elecciones generales y constituidas las nuevas Cortes Generales, el Rey debe iniciar una ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Esta consulta tiene como objetivo determinar qué candidato cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados para ser presidente del gobierno.

El Rey tiene un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para proponer un candidato a la presidencia del gobierno. Esta propuesta se realiza tras haber llevado a cabo las consultas con los partidos políticos y valorar sus posiciones.

Si en ese plazo no se alcanza un acuerdo o ningún candidato obtiene la confianza del Congreso de los Diputados, el Rey deberá disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones generales. Sin embargo, si un candidato logra obtener la confianza del Congreso, el Rey lo nombrará presidente y se procederá a la formación del gobierno.

Es importante destacar que el artículo 99 establece la investidura del presidente del gobierno, pero no especifica cómo se lleva a cabo la votación ni los requisitos para ser candidato. Estos detalles se regulan en el Reglamento del Congreso de los Diputados y en las leyes electorales.

En resumen, el artículo 99 de la Constitución española es el encargado de establecer los procedimientos para la elección del presidente del gobierno en España. Es a través de este artículo que se decide quién ostentará el poder ejecutivo y liderará el país.